Escrito por Malte Seitwerth
Historiador, periodista independiente
Chile – Suiza
(Español – Deutsch weiter unten)
Nota de traducción: Este artículo fue originalmente escrito el 22 de octubre para la publicación en el periódico suizo de izquierda die Wochenzeitung. En cuanto a su contenido, está dirigido a personas con poco conocimiento sobre la actualidad chilena, por lo que se ha tratado de dar un panorama general, sin entrar con demasiado detalle en matices, críticas y debates internos en el país.
El domingo 25 de octubre lxs chilenxs votarán por una nueva Constitución. Sin embargo, luego de cuarenta años de neoliberalismo muchxs ya no creen en la política institucional. ¿Entonces, cuáles son las alternativas?
En Llay-Llay, una pequeña ciudad a unos cien kilómetros al norte de Santiago, un grupo de activistas se reune un sábado por la mañana para pintar consignas en los muros. «Apruebo» se vislumbra con grandes letras. Al lugar llega también el político veterano de la localidad, Miguel Cisternas. La relación de Miguel Cisternas con la política se remonta a su historia familiar, siendo su padre compañero de partido del Alcalde comunista Juan Cortés a principios de los años '70. Miguel Cisterna luchó contra la dictadura militar de Augusto Pinochet y ha sido durante siete años miembro del Concejo Municipal de la comuna de Llay Llay.
Ahora mismo acaba de comenzar la fase más álgida del Plebiscito del 25 de octubre, día en el cual la ciudadanía votará si se necesita o no una nueva Constitución y quién debe de redactarla: una Convención Constituyente elegida en su totalidad por la ciudadanía o una convención mixta, integrada por una mitad de Parlamentarios.
Lucha por las reformas
El Plebiscito es hasta ahora el resultado más visible de la ola de protestas que sacudió al país hace un año y que puso en jaque al Gobierno de derecha del Presidente Sebastián Piñera. Durante meses las manifestaciones eran pan de cada día y las noticias sobre violaciones a los Derechos Humanos circulaban por todo el mundo. La última manifestación masiva del 8 de marzo de 2020 reunió, sólo en la capital, a cerca de dos millones de mujeres y personas de diversas identidades sexuales. Luego de eso vino la pandemia. Las organizaciones sociales pidieron que la gente se retirara a sus casas. El Plebiscito anunciado originalmente para el 26 de abril de 2020 fue pospuesto por medio año.
La nueva Constitución sería ya la tercera que presenciaría el Concejal Cisternas. Y la primera en la que él mismo puede participar. La actual constitución fue promulgada el año 1980 a través de un plebiscito organizado por la dictadura cívico-militar. En ese momento, la oposición habló de fraude electoral, intimidación y falta de derechos democráticos básicos en el proceso. Lxs opositores al Régimen fueron torturados, muchos desaparecieron sin dejar rastro.
La constitución del año 1980 consagró el modelo económico neoliberal bajo el cual una amplia parte la población chilena ha sufrido durante su vigencia. El primer Gobierno democrático después de la dictadura adoptó el modelo sin grandes cuestionamientos y durante la mayor parte de los próximos 24 años gobernó una alianza de centro-izquierda, que en algunos casos incluso profundizó el modelo neoliberal.
El Partido Comunista (PC) estuvo en la oposición durante mucho tiempo, hasta que se convirtió en parte de la alianza de Gobierno de la Nueva Mayoría bajo la presidencia de Michelle Bachelet en el año 2014. Fomentado por años de protestas estudiantiles, Bachelet llegó al poder con un programa de reformas de gran alcance, incluyendo una reforma a la constitución. Al final, el programa fracasó debido a las diferencias de opinión entre la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PC. Piñera es el primer Pesidente de derecha que toma el Gobierno después de la dictadura.
El Concejal Cisternas ha vivido la lucha por la reforma en carne y hueso. En Chile, la Constitución estipula que el agua es propiedad privada – lo que genera grandes brechas en cuanto a su acceso y Llay-Llay sufre de una extrema escasez de agua. Las grandes plantaciones de paltos en la comuna consumen enorme cantidades de agua, mientras que lxs pequeñxs agricultorxs se quedan con los canales de regadío completamente secos. En el año 2018 Cisternas se reunió con la comisión del Congreso, responsable para reformar el Código de Aguas en Valparaíso, donde se encuentra el Congreso. Sin embargo, esta comisión le quitó toda esperanza a Cisternas: un cambio constitucional parecía imposible debido a que se requiere de dos tercios de votos parlamentarios para modificar el código de aguas.
Para una "democracia más profunda y directa"
En la ciudad portuaria de Valparaíso una alianza de izquierda ha estado gobernando durante cuatro años bajo el mandato del Alcalde Jorge Sharp. El nuevo alcalde llegó al poder con un programa de cambio profundo y se vio enfrentado a un municipo en pésimas condiciones: "Nos hemos hecho cargo de una administración municipal en quiebra", dice Sharp en la entrevista que le hago en la Municipalidad. "Si estuviéramos en el sector privado, habríamos tenido que declararnos en bancarrota."
Sharp se dedicó a rescindir contratos truchos, los cuales habían asignados presupuestos excesivos y se dedicó a construir un Gobierno Municipal democrático. "Empezamos a dejar que la población votara en los proyectos importantes como el Plan de Desarrollo Costero", dice el Alcalde. Durante años hubo una disputa sobre si el puerto debía ser ampliado o si se debía construir un centro comercial en su lugar. La población optó por una tercera vía: Pronto comenzarán las obras del primer paseo marítimo público de la ciudad portuaria.
Para Sharp está claro que el país debe desarrollar una "democracia más densa" para así recuperar la confianza perdida en la política. A nivel comunal, se podría comenzar ya hoy, pero la mayoría de las comunas están todavía muy lejos de ese objetivo, pues son en su mayoría "administradores corruptos de la pobreza". Como dice el joven Alcalde, "Queremos que las administraciones municipales se conviertan en verdaderos gobiernos locales".
Chile tiene una estructura centralizada, casi todas las funciones son llevadas a cabo por el Gobierno nacional o su representación regional, y las leyes y planes de desarrollo se redactan en esos niveles. Además, la mayoría de las empresas están ubicadas en las comunas ricas de Santiago y pagan sus impuestos allí. Por resta razón llega muy poco dinero a otras comunas.
Alcaldes como Sharp han tratado de aprovechar algunos vacíos legales para mejorar la calidad de vida de la población a nivel local. Por ejemplo, se han abierto farmacias y ópticas populares para contrarrestar los monopolios de las grandes empresas. Sharp cuenta con orgullo su último logro: la creación de un laboratorio médico gestionado por la propia municipalidad. Durante la pandemia, los precios de las pruebas de Covid-19 se redujeron significativamente gracias a este laboratorio municipal.
El hecho de que se necesita descentralizar el poder y sobre todo más dinero para que las municipalidades puedan responder mejor a las necesidades locales también quedó demostrado durante la ola de protestas del año 2019. El Gobierno comunal de Valparaíso se vio sobrepasado por la magnitud de las protestas sociales. La calle frente a la Municipalidad parecía un campo de batalla. Hasta el día de hoy las tiendas protegen sus fachadas con placas de hierro. La policía disparó a la multitud con bombas lacrimógenas y balines de goma y plomo. Cientos de personas en todo el país perdieron así al menos un ojo.
"Hicimos todo lo posible para proteger a la población en ese entonces", dice Sharp. La municipalidad redactó varios informes sobre la situación de los derechos humanos y luchó a través de tribunales contra las acciones de Carabineros, quienes están bajo el control del Gobierno central en Santiago. No era posible comandar de manera directa sobre el actuar policial: En la lucha callejera Sharp era un simple espectador.
Pérdida de la confianza
Como en casi todo el país, se ha formado en el curso del estallido social una Asamblea Territorial en el barrio obrero de Juan Antonio Ríos en Santiago: un grupo muy heterogéneo de luchadorxs sociales, pensionadxs, estudiantes y personas decepcionadas de los partidos políticos se han encontrado entre sí. "Nos sentamos juntos durante horas y escuchamos a cada persona contar sus historias y sus demandas", recuerda la activista Aylén. Los temas que se trataron en las asambleas territoriales son tan diversos como las necesidades de la gente. Estas van desde las AFP administradoras de fondos de pensiones, el sistema de educación, salud o la situación de vida y trabajo de la gente.
El lugar que lxs integrantes de la Asamblea Territorial eligieron para la reunión se encuentra en la entrada de la población, en una plaza en la que tienen lugar regularmente las manifestaciones a nivel local. En diciembre, lxs activistas organizaron un festival con conciertos para conmemorar el aniversario de la población, el cual contó con la participación de más de mil personas. El 11 de septiembre pasado, día de conmemoración del golpe militar de 1973, se reunieron unas doscientas personas a protestar. La calle fue ocupada, se hicieron discursos y una barricada estuvo ardiendo hasta altas horas de la noche.
Las Asambleas Territoriales han sido espacios esenciales para las comunidades. No solo porque en estos espacios ha sido posible llevar la protesta a los barrios populares, sino que también estas han permitido que lxs vecinxs se organicen para responder a las necesidades existentes a nivel local.
El impacto del trabajo de las asambleas territoriales se ha evidenciado en estos meses de pandemia. Mientras el gobierno deja en el olvido a los más necesitados, han sido lxs mismos vecinxs quienes a través de las asambleas territoriales han organizado ollas comunes, distribuido alimentos y repartido medicamentos para personas mayores que no pueden salir de casa.
La enajenación de la Elite política ante la realidad de vida de los chilenos y chilenas ha sido aún más evidente durante las primeras semanas de cuarentena. Mientras la preocupación mediática giraba en torno al covid-19, la gente protestaba por el hambre instaurado a causa de la crisis de la pandemia. El gobierno, una vez más, desamparó a lxs más necesitados. “Los parlamentarios ni siquiera saben cuánto cuesta un kilo de pan o el pasaje de metro", dice la activista Antonia. "Pertenecen a la clase alta y defienden los intereses de su clase."
La desconfianza de la población está muy arraigada, por eso es muy importante saber quién escribirá la nueva Constitución. En las encuestas de opinión la variante "Apruebo" con la Convencion Constituyente está claramente a la cabeza. Sus miembros serían elegidos el próximo mes de abril. Allí, a su vez, las fuerzas políticas progresistas tendrían que lograr una clara mayoría, porque la convención constituyente debe aprobar cada artículo con una mayoría de dos tercios. Si la minoría opositora logra obtener un poco más de un tercio y actúa hábilmente, puede implementar un derecho a veto de facto.
Mi impresión después de este viaje por el centro del país
El nuevo Chile necesita caras comprometidas con un cambio real. Demasiadas decepciones han quedado en la memoria de la gente después de casi treinta años de socialdemocracia neoliberal. Los partidos tradicionales se han acomodado muy bien en el modelo vigente. Hoy en día muchxs hablan de cambio, pero se ha perdido la confianza en los políticos de los años ‘90.
Para las activistas de la Asamblea Territorial Juan Antonio Ríos, está claro que las manifestaciones deben continuar. "No importa quién llegue al poder - necesitamos suficiente presión de las calles para impulsar las reformas políticas", dice la activista Antonia. Y el Concejal comunista Miguel Cisternas de Llay-Llay piensa: "Necesitamos una participación más activa en la política local y nacional. Muchos miembros de nuestro partido lamentablemente piensan que es suficiente sólo con ir a las urnas."
Reformen in Chile
Gesichter des Wandels gesucht
Kommendes Wochenende stimmen die ChilenInnen über eine neue Verfassung ab, doch nach vierzig Jahren Neoliberalismus glauben viele nicht mehr an die institutionelle Politik. Aber was sind die Alternativen?
Von Malte Seiwerth, Santiago de Chile
In Llay-Llay, einer Kleinstadt rund hundert Kilometer nördlich von Santiago, bemalen AktivistInnen an einem Samstagmorgen Ende September eine Wand. «Apruebo» steht dort mit grossen Buchstaben, «ich stimme zu». Gekommen ist auch das lokalpolitische Urgestein Miguel Cisternas. Schon sein Vater war Anfang der siebziger Jahre Parteigenosse des kommunistischen Bürgermeisters, er selbst kämpfte gegen die Militärdiktatur von Augusto Pinochet und sitzt seit sieben Jahren für die KommunistInnen im Gemeinderat.
Gerade hat die heisse Phase begonnen: Am 25. Oktober stimmen die ChilenInnen darüber ab, ob es eine neue Verfassung braucht und wer diese ausarbeiten soll: eine gänzlich von der Bevölkerung gewählte verfassungsgebende Versammlung oder ein zur Hälfte aus amtierenden ParlamentarierInnen bestehender Kongress.
Kampf um Reformen
Die Abstimmung ist das bisher sichtbarste Resultat der Protestwelle, die das Land vor rund einem Jahr erfasst hat und die rechte Regierung unter Präsident Sebastián Piñera in Bedrängnis brachte. Täglich wurde damals demonstriert, Berichte über Menschenrechtsverletzungen gingen um die Welt. Die letzte Massendemonstration vereinigte am 8. März alleine in der Hauptstadt rund zwei Millionen Frauen und Queers. Dann kam die Pandemie. Soziale Organisationen riefen zum Rückzug in die Häuser auf. Die ursprünglich für den 26. April angekündigte Abstimmung wurde um ein halbes Jahr verschoben.
Die neue Verfassung wäre bereits die dritte, die Gemeinderat Cisternas miterlebt. Und die erste, über die er selbst mitentscheiden kann. Die aktuelle wurde 1980, zu Zeiten der Militärdiktatur, per Abstimmung angenommen. Oppositionelle sprachen damals von Wahlbetrug, Einschüchterung und fehlenden demokratischen Grundrechten. RegimegegnerInnen wurden gefoltert, viele verschwanden spurlos.
In der Verfassung von 1980 ist das neoliberale Wirtschaftsmodell festgeschrieben, unter dem Chiles breite Bevölkerung seit langem leidet. Die erste demokratische Regierung nach der Diktatur übernahm diese im Grossen und Ganzen. In den folgenden 24 Jahren regierte ein Mitte-Links-Bündnis, welches das neoliberale Modell teilweise sogar vertiefte.
Die kommunistische Partei (KP) war lange Zeit in der Opposition – bis sie 2014 Teil des Regierungsbündnisses Nueva Mayoria unter Präsidentin Michelle Bachelet wurde. Geprägt von Jahren der StudentInnenproteste, kam Bachelet mit einem vergleichsweise tiefgreifenden Reformprogramm – unter anderem einer Reform der Verfassung – an die Macht. Schlussendlich scheiterte es an Meinungsverschiedenheiten zwischen den ChristdemokratInnen, der Sozialistischen Partei und der KP. Piñera ist der erste rechte Präsident, der nach der Diktatur die Regierung übernommen hat.
Gemeinderat Cisternas hat den Kampf um Reformen am eigenen Leib erlebt. In Chile ist in der Verfassung festgeschrieben, das Wasser Privateigentum ist – und Llay-Llay leidet unter extremer Wasserknappheit. Weil grosse Avocadoplantagen Unmengen von Wasser verbrauchen, bleiben die KleinbäuerInnen auf dem Trockenen. 2018 traf sich der Kommunist in Valparaíso, wo das nationale Parlament sitzt, mit der für ein neues Wassergesetz zuständigen Kommission. Die allerdings nahm Cisternas jede Hoffnung: Eine Verfassungsänderung schien wegen der benötigten Zweidrittelsmehrheit unmöglich.
Für eine «dichtere Demokratie»
In der Hafenstadt Valparaíso regiert unter Bürgermeister Jorge Sharp seit vier Jahren ein linkes Bündnis. Auch dieses kam an die Macht, weil es tiefgreifende Reformen versprach – und wurde von der Realität überrumpelt. «Wir haben eine bankrotte Gemeindeverwaltung übernommen», erzählt Sharp bei einem Treffen im Rathaus. «Wären wir in der Privatwirtschaft, hätten wir Insolvenz anmelden müssen.»
Sharp machte sich daran, faule Verträge zu kündigen, bei denen zu hohe Beträge gezahlt wurden, und eine demokratische Stadtverwaltung aufzubauen. «Wir haben begonnen, die Bevölkerung über wichtige Projekte wie die Entwicklung des Meeresufers abstimmen zu lassen», erzählt der Bürgermeister. Dort tobte über Jahre hinweg ein Streit, ob der Hafen erweitert oder ein Einkaufszentrum gebaut werden soll. Die Bevölkerung entschied sich für einen dritten Weg: Bald beginnen die Arbeiten für die erste öffentliche Strandpromenade der Hafenstadt.
Für Sharp ist klar, dass sich das Land zu einer «dichteren Demokratie» entwickeln muss, um das Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen, das vielerorts verlorengegangen ist. Auf lokaler Ebene könnte schon heute damit begonnen werden, doch die meisten Gemeinden sind davon noch weit entfernt. Stattdessen sind sie «korrupte Verwalterinnen der Armut», wie der junge Bürgermeister sagt. «Wir wollen, dass die Gemeindeverwaltungen zu richtigen Lokalregierungen werden.»
Chile ist zentralstaatlich aufgebaut, fast alle Funktionen liegen bei der Landesregierung oder deren regionaler Vertretung, Gesetze und Entwicklungspläne werden auf nationaler Ebene geschrieben. Zudem sitzen die meisten Unternehmen in den reichen Gemeinden von Santiago und zahlen dort ihre Steuern. Andernorts kommt nur wenig Geld an.
BürgermeisterInnen wie Sharp haben probiert, Schlupflöcher zu nutzen, um auf lokaler Ebene das Leben der Bevölkerung zu verbessern. So wurden staatliche Apotheken und Optiker-Geschäfte eröffnet, um den Monopolen der grossen Unternehmen entgegenzuwirken. Sharp erzählt stolz von der neusten Errungenschaft: einem medizinischen Labor, das von der Gemeinde verwaltet wird. Während der Pandemie konnten so die Preise für Coronatests deutlich gesenkt werden.
Dass es mehr Macht und vor allem Geld für die Gemeinden braucht, um auf lokale Bedürfnisse besser reagieren zu können, hat sich auch während der Protestwelle von 2019 gezeigt. Die Lokalregierung von Valparaíso sah sich durch das Ausmass der sozialen Proteste überrumpelt. Die Strasse vor dem Rathaus glich einem Kampffeld. Bis heute schützen die Geschäfte ihre Fassaden mit Eisenplatten. Die Polizei schoss mit Tränengas und Gummischrot auf die Menge, im ganzen Land verloren Hunderte mindestens ein Augenlicht.
«Wir haben damals alles mögliche gemacht, um die Bevölkerung zu schützen», sagt Sharp. Die Stadt schrieb mehrere Berichte zur Lage der Menschenrechte und kämpfte vor Gericht gegen das Vorgehen der Polizei, die der Zentralregierung in Santiago unterstellt ist. Direkten Einfluss auf die Polizei zu nehmen, war nicht möglich: Im Kampf um die Strasse war Sharp ein einfacher Zuschauer.
Verlorenes Vertrauen
Wie fast überall im Land hat sich im Zuge der sozialen Revolte auch im ArbeiterInnenquartier Juan Antonio Rios in Santiago ein lokaler Basisrat gebildet: ein bunt gemischter Haufen aus Sozialrevolutionären, RentnerInnen, Studierenden und enttäuschten Parteimitgliedern. «Wir sassen stundenlang zusammen und hörten zu, wie einzelne Personen ihre Schicksale erzählten und Forderungen aufstellten», erinnert sich die Aktivistin Aylén xxx. Bei den Treffen ging es um die Rentenversicherung, das Bildungs- und Gesundheitssystem oder die Wohn- und Arbeitssituation der Menschen.
Der Park, den die Mitglieder des Quartierrats für das Treffen ausgesucht haben, liegt am Eingang der Siedlung. Auf dem Platz finden regelmässig Protestaktionen statt. Im Dezember organisierten AktivistInnen zum Jubiläum der Siedlung ein Fest – mit Konzerten und knapp tausend TeilnehmerInnen. Am 11. September, zum Jahrestag des Militärputsches von 1973, kamen um die zweihundert Personen zusammen. Es wurden Reden gehalten und die Strasse besetzt, bis tief in die Nacht brannte eine Barrikade.
Die Quartierräte haben die Proteste in die Wohnviertel getragen – und auf die dortigen Bedürfnisse reagiert. Während der strengsten Monate der Pandemie organisierten sie Suppenküchen, verteilten Lebensmittel und kümmerten sich um die Medikamente für SeniorInnen.
Dass die Parteien fernab der Realität vieler Menschen agierten, zeigte sich auf erschreckende Weise nach den ersten Wochen des Lockdowns. Weil die Regierung sich nicht um die Lebensmittelversorgung der armen Bevölkerung kümmerte, brachen Hungerproteste aus. «Die Parlamentarier wissen nicht einmal, wie viel ein Kilo Brot oder der Fahrpreis für die Metro kostet», sagt Aktivistin xxx. «Sie gehören der Oberschicht an und verteidigen die Interessen ihrer Klasse.»
Das Misstrauen der Bevölkerung sitzt tief – umso wichtiger scheint daher, wer die neue Verfassung schreibt. In Umfragen liegt die Variante «Apruebo» mit der verfassungsgebenden Versammlung klar vorne. Deren Mitglieder würden dann nächsten April gewählt. Dort wiederum müssten die progressiven politischen Kräfte eine klare Übermacht erreichen, denn die Versammlung muss jeden Artikel mit einer Zweidrittelmehrheit annehmen. Agiert die Minderheit geschickt, hat sie faktisch ein Vetorecht.
Der Eindruck nach dieser Reise durch das Zentrum des Landes: Das neue Chile braucht Gesichter, die für einen realen Wandel einstehen. Zu viele Enttäuschungen sind den Menschen aus den knapp dreissig Jahren Sozialdemokratie in Erinnerung geblieben. Die traditionellen Parteien haben sich im neoliberalen Modell gut eingenistet. Heute sprechen zwar viele vom Wandel, doch das Vertrauen in die PolitikerInnen der neunziger Jahre ist verlorengegangen.
Für den Quartierrat der ArbeiterInnensiedlung Juan Antonio Rios ist deshalb klar: Es muss weiterhin demonstriert werden. «Egal, wer an die Macht kommt – wir brauchen genügend Druck von der Strasse, um politische Reformen voranzutreiben», sagt Aktivistin Antonia xxx. Und der kommunistische Gemeinderat Miguel Cisternas in Llay-Llay findet: «Es braucht mehr aktive Beteiligung an der Politik. Viele Parteimitglieder denken, es reiche aus, wenn sie wählen gehen.»