Escrito por Malte Seiwerth*
Desde hace días, el sur de Chile no ha descansado. El bloqueo de carreteras, las administraciones municipales ocupadas y las largas caravanas de policías militarizados marcan un nuevo punto de escalada en el conflicto entre los indígenas Mapuche y el Estado chileno y la oligarquía local. Una solución pacífica parece imposible bajo el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Las administraciones municipales quemadas son los restos de una noche de violencia. El primer fin de semana de agosto, durante el toque de queda nocturno, varios cientos de personas enfadadas se reunieron frente a un total de cuatro Municipalidades ocupadas con el objetivo de evacuarlas por la fuerza.
La policía observó y finalmente arrestó a los ocupantes ilegales*, miembros de diferentes comunidades Mapuche. La multitud frente a los municipios ladraba cantos racistas, incendiaba los coches de los ocupantes y perseguía a los Mapuches que huían. Estos últimos habían apoyado al machi Celestino Cordóva encarcelado y a otros 26 prisioneros Mapuches que estaban en huelga de hambre en ese momento para manifestarse en contra de sus condiciones de detención.
Incendiario en el cargo
El gobierno chileno condenó la violencia "en ambos lados" a la mañana siguiente, pero mostró comprensión por "los ciudadanos que quieren recuperar su Municipalidad". El papel de la policía o el racismo abierto de los "ciudadanos" mencionados no se discutieron. ¿Por qué no se detuvo a nadie, aunque había un toque de queda nocturno desde las diez de la noche debido a la pandemia del Coronavirus? Las conversaciones grabadas demuestran que la policía conocía los preparativos de las reuniones, que tuvieron lugar bajo el patrocinio del grupo de extrema derecha APRA Aracaunía.
El APRA Araucanía está formado principalmente por grandes terratenientes* en la región del mismo nombre. Aquí, ha habido un conflicto entre los indígenas Mapuches, las empresas forestales y los colonos europeos* durante años. Los primeros reclaman tierras para sí mismos, que actualmente son utilizadas exclusivamente por los segundos. Desde el fin de la dictadura militar en 1990, ningún gobierno ha sido capaz de resolver el conflicto. Por el contrario, la policía ha sido desplegada generalmente para cortar de raíz las protestas mapuches.
A finales de julio de este año, el gobierno de Piñera nombró un nuevo Ministro del Interior, Víctor Pérez, de línea dura, original de la región y compañero de partido de la portavoz de APRA Araucanía Gloria Naveillán. Visitó la región el día anterior a la escalada nocturna y expuso su punto de vista: sin reunirse con los Mapuches ni con los alcaldes afectados por las ocupaciones, habló de terrorismo y exigió la evacuación inmediata de las Municipalidades .
Un asesinato y una huelga de hambre
Las relaciones entre los Mapuches y el actual Gobierno han estado en un punto bajo por mucho tiempo. Ya al inicio del gobierno conservador de derecha de Sebastián Piñera en 2018, éste lanzó un acuerdo a gran escala para el desarrollo económico y la paz en la Araucanía. Los Mapuches y las empresas, que anteriormente habían tenido poco diálogo entre sí, también estaban involucrados. Sin embargo, los esfuerzos terminaron abruptamente. El 14 de noviembre de 2018, cuando la policía chilena mató al Mapuche Camilo Catrillanca con un disparo en la espalda cuando volvía a casa en un tractor. Catrillanca estuvo presuntamente involucrado en un robo de coche. El gobierno dudó, primero hablando de "legítima defensa" del oficial de policía, rompiendo toda confianza. El acuerdo fue historia.
En respuesta al asesinato, se formó el movimiento Xawn de Temucuicui. El Mapuche Eduardo Curin fue parte de este movimiento: "Fuimos al Parlamento inmediatamente después a Valparaíso, logramos disolver la unidad policial a cargo y el policía que hizo el disparo fue identificado y acusado. Pero después de eso nada se movió. La investigación lleva casi dos años, y el asesino está siendo recompensado con un salario extra por la misión cumplida", dice Curin. Después de una estancia en custodia, el Tribunal ordenó que el oficial de policía fuera puesto bajo arresto domiciliario en abril de 2020. En ese momento también resultó que la policía seguía pagándole un salario de 900.000 pesos al mes, unos 1.000 francos suizos. Esto es aproximadamente el doble del salario inicial nacional de un profesor.
"En diciembre de 2018 nos acercamos al Gobierno y al Parlamento con una lista de demandas", dice Curin. "Exigimos la formación de una comisión de la verdad". El objetivo de la comisión habría sido crear la base para un nuevo pacto social. Este habría sido el primer paso para poner fin a la militarización y resolver el conflicto de tierras. Pero esto no sucedió. Desde principios de 2019, ha habido silencio entre las dos partes.
Curin está molesto; hablo con él por teléfono, ya que viajar dentro de Chile es casi imposible en este momento debido a la pandemia de la Corona. Los recientes acontecimientos parecen haber tomado a los Mapuches por sorpresa. La pandemia y la crisis económica y social resultante han monopolizado la atención pública en los últimos meses.
Los Mapuches, que llevaban más de cien días en huelga de hambre, apenas tenían publicidad. Entre ellos está el médico - machi - Celestino Cordóva. El objetivo de las protestas era que el estado finalmente hiciera cumplir el acuerdo internacional (Convenio 169 OIT)
El caso de los Machis y los Mapuches encarcelados es ejemplar. Llevan meses luchando para que el Estado chileno cumpla con el "Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" de la Organización Internacional del Trabajo. Esto obliga a los países firmantes a reconocer y promover los derechos especiales y las formas de vida de los pueblos indígenas. En el caso del Machi, un médico y líder espiritual, esto significa que debe estar en contacto con su comunidad. Por lo tanto, se exige que se le permita regresar regularmente a su aldea para cuidar de los miembros y recargar sus baterías. Después de más de cien días de huelga de hambre y de la advertencia de continuarla hasta la muerte, el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, concedió al Machi Celestino Córdoba una visita de un máximo de 30 horas a la comunidad de su pueblo el 18 de agosto.
"Un régimen de apartheid"
El origen del conflicto se encuentra en el siglo XIX. Con el establecimiento del Estado chileno, las áreas autónomas mapuches en el sur fueron conquistadas por los militares. Esto fue acompañado de expulsiones masivas, asesinatos y robos de tierras. Los colonos europeos* fueron traídos a las zonas y formaron la nueva clase alta de la región. Vicente Painel, funcionario de derechos humanos de la Asociación Indígena para la Investigación y el Desarrollo Mapuche (AID), describe la relación de la clase alta blanca con los mapuches como un "régimen de apartheid" en el que los Mapuches son discriminados a todos los niveles. "Ni un solo oficial tiene apellido indígena, y sólo desde 2018 tenemos a Francisco Huenchumilla, el primer indígena en el Senado", dice Painel. La región Mapuche es la más pobre de Chile, y en la propia región son los Mapuches los más afectados por la pobreza. Las zonas rurales de los Mapuches tienen poco acceso a la infraestructura pública, como carreteras pavimentadas o buena educación. Los indígenas viven bajo constante control policial y violencia. "Son guetos", añade Painel.
Aunque la estrategia seguida no ha puesto fin al conflicto, por el contrario, lo sigue alimentando, el gobierno se mantiene fiel a su respuesta en materia de política de seguridad. Sin embargo, el presidente Sebastián Piñera no es precisamente aprensivo en lo que se refiere a la violencia policial. Esto quedó demostrado por la represión de la ola de protestas que experimentó el país a partir de mediados de octubre de 2019. En ese momento, el escuadrón de policía que mató al Mapuche Catrillanca en noviembre de 2018 apareció en el centro de Santiago con un nombre diferente pero con los mismos coches.
Curin termina su llamado con un anuncio: Se necesita una nueva ofensiva de protestas. Mientras tanto, las asociaciones empresariales de derecha se están sentando con el gobierno. Exigen más policía, más represión y más seguridad para sus propiedades. La situación es un conflicto de intereses, sin perspectivas de mejora.
*este artículo puede encontrarse en alemán aquí.