¿Cuna y tumba del neoliberalismo? Chile desde octubre de 2019.
por José Cáceres Mardones y Malte Seiwerth. Zúrich, Suiza
Hace más de medio año comenzó una ola de protestas de dimensiones desconocidas en Chile. Se celebraron en todo el mundo: "Chile será la tumba del neoliberalismo", era el título de algunas declaraciones. Pero la actual crisis del coronavirus muestra una vez más que las políticas neoliberales han dejado atrás profundos problemas y que no se vislumbra un cambio rápido.
Sábado 20 de octubre de 2019: Poco después de la medianoche, el presidente conservador Sebastián Piñera declara el estado de emergencia para la capital, Santiago, en el que unos 500 militares controlan las calles. Ese mismo día, hacia las 19:30 horas, el general Javier Iturriaga del Campo, a quien Piñera había nombrado jefe de la defensa nacional, impuso un toque de queda desde las 22:00 hasta las 6:00 horas para el Gran Santiago, la aglomeración de la capital donde viven cinco millones de personas. El domingo por la noche, el Presidente chileno aparece ante los medios de comunicación y dice: "Estamos en guerra contra un enemigo peligroso". En pocos días, el oasis económico y político, como describió a Chile Piñera en una reciente entrevista, se ha convertido en una especie de zona de crisis. El estado de emergencia, los militares en las calles, los toques de queda y la violenta represión del aparato de seguridad conjuran los demonios y fantasmas de la dictadura que se cree que ha pasado. "Casi como en los días de Pinochet", "Die Zeit" titulaba la situación.
Revuelta de octubre: un nuevo Chile
El 6 de octubre de 2019, los boletos de metro fueron aumentados en 30 pesos (4 céntimos) a instancias del gobierno. Al día siguiente, los estudiantes comenzaron a saltar sistemáticamente las barreras de acceso. "Evadir" era el lema de esta protesta inicial, que gradualmente se convirtió en violencia: La policía persiguió a los manifestantes con cañones de agua y gas lacrimógeno, las estaciones de metro, trenes y otros edificios fueron incendiados. El presidente chileno y sus ministros calificaron la situación como un problema de orden público e ignoraron la dimensión política de las protestas. Los manifestantes eran "verdaderos criminales", anunció Piñera. La criminalización de las manifestaciones sociales no es una nueva estrategia del gobierno conservador. Durante el primer mandato de Piñera (2010-2014) se produjeron varios disturbios estudiantiles en 2011, centrados en la demanda de educación gratuita. En ese momento Piñera describió las protestas como delincuencia "pura". Descartó las manifestaciones de 2011 y 2018 de los mapuches, un grupo de población indígena de Chile, como actos terroristas. A pesar del estado de emergencia, las protestas continúan, lo que llevó a la histórica manifestación del 25 de octubre, que reunió a más de un millón de personas en las calles de Santiago y otras ciudades chilenas como Valparaíso, Concepción y La Serena. Aunque el estado de emergencia ha terminado, la represión estatal ha aumentado en manos de la policía, lo que ha dado lugar a numerosas violaciones de los derechos humanos, como han informado Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, informes que el gobierno de Piñera ha rechazado. La dimensión política de las protestas no podía seguir siendo ignorada: Los partidos políticos de Chile concluyeron un acuerdo de paz y una nueva constitución; sin embargo, el acuerdo se alcanzó sin tener en cuenta a la sociedad civil, lo que significó que el partido comunista no participó. El proceso para una nueva constitución se puso en marcha, pero abrió muchas preguntas. Otra consecuencia política de las protestas o acciones estatales contra las protestas fue la aprobación de Piñera, que cayó al 6 por ciento a mediados de enero. Cualquier expresión o acción política del gobierno o los parlamentarios es el blanco de las protestas. Las protestas sociales y las asambleas territoriales expresaron sus demandas y exigencias por una nueva ConstituciónSe han convertido en parte de la vida política. "La revolución será anticapitalista, antiambiental, antirracista y feminista" fue el principio rector de las protestas. Las regiones han sido contaminadas durante décadas en nombre del crecimiento económico, no se reconocen los derechos de la población indígena, las mujeres son discriminadas y asesinadas. No hay revolución, pero una nueva constitución podría cambiar esto.
Si bien el apoyo a una nueva constitución sigue siendo alto en las encuestas, al mismo tiempo las maniobras de los partidos políticos de derecha están conspirando nuevamente para ocultar los fantasmas de la dictadura: primero intentaron bloquear la paridad de género y la participación de los representantes indígenas en la propuesta de asamblea constituyente y ahora se parapetan en una campaña de propaganda contra la idea de una nueva constitución. A pesar de la retórica y las acciones del gobierno, la fuerza de las protestas sigue siendo alta. El nuevo año comenzó con el boicot del PSU, el examen de ingreso a las universidades, por parte de los estudiantes y el movimiento feminista chileno mostró una vez más su ímpetu con sus manifestaciones en el Día Internacional de la Mujer. Estos son otros ejemplos de la revuelta de Octubre, que unió a diferentes actores sociales en su lucha contra el sistema neoliberal, una lucha que forma un nuevo Chile.
Chile como cuna del neoliberalismo: el costo de la vida
La orientación neoliberal de la dictadura era tan inequívoca que el concepto de "revolución capitalista" fue acuñado a finales de los años 80. La maquinaria de la dictadura impulsó un "proyecto de modernización" basado en una idealización de lo técnico y orientado hacia el paradigma económico de Milton Friedmann. Piñera continuó persiguiendo este ideal durante sus dos mandatos. Su gabinete está formado por empresarios, directores y consultores corporativos y economistas. Sus políticas son de naturaleza fuertemente económica - apropiadas al sistema de capital que la Constitución de 1980 estableció. Esa "modernización" fue acompañada por una privatización del Estado. Se privatizó el suministro de agua y electricidad, así como los sistemas de salud, seguros y educación; a continuación, los mecanismos de acumulación se desplazaron hacia la empresa privada, mientras que los gastos se desplazaron sistemáticamente en detrimento de la población activa, los asegurados, los estudiantes y los pacientes. Y aunque Chile presidió el foro ambiental de la COP 25 el año pasado, la expansión económica neoliberal ha causado enormes daños ambientales. Además de la distribución desigual del agua, a menudo mencionada, y del enorme consumo de agua de las empresas mineras y las plantaciones de aguacate, mientras que regiones enteras ya no disponen de agua potable, las "zonas de sacrificio" se ven particularmente afectadas por la contaminación atmosférica. Hasta ahora Chile carece de una política ambiental adecuada que controle las normas ambientales de la industria y desarrolle una política de calefacción progresiva. Por ejemplo, en el cinturón industrial Quintero-Puchuncavi, cerca de la ciudad portuaria de Valparaíso, ha habido lecturas excesivas de partículas diminutas y azufre durante años. Las playas de las ciudades costeras están regularmente cubiertas de polvo de carbón. Hasta ahora el gobierno sólo ha hecho promesas vacías. Pero incluso en la ciudad de Temuco, de 800.000 habitantes, en el sur del país, la situación es precaria en invierno. En la ciudad, una de las más pobres del país, una gran parte de la población se calienta sólo con leña en invierno. Las frías noches están cubiertas de nubes de humo. Una persona de la capital regional siempre puede ser reconocida en otros lugares por el olor a fogata de su ropa. Hasta ahora el gobierno no ha ofrecido alternativas aquí también. Por ejemplo, no hay gasoductos -como los que se construyeron en la ciudad más meridional de Punta Arenas durante la época del presidente socialista Salvador Allende- para ofrecer una alternativa más barata. Una persona con asma no puede vivir en ninguno de los dos lugares.
Además de todo esto, la propagación del llamado coronavirus es ahora común. Los estudios iniciales muestran que la mala calidad del aire promueve la propagación del virus y empeora el curso de la enfermedad. La enorme irresponsabilidad del gobierno queda demostrada por el hecho de que Temuco es una de las ciudades más afectadas, muy probablemente porque la delegada regional del Ministerio de Salud se puso a trabajar sin ninguna protección varios días después de que diera positivo en las pruebas del virus. Además, durante la pandemia, se intensifican las consecuencias de la privatización de la vida. Mientras el hospital público se derrumba, miembros de la élite local son llevados a Santiago por aviones militares. Allí, el gobierno ha alquilado el salón de eventos más grande del país y actualmente está construyendo otro hospital - no es de extrañar que esté situado en los barrios acomodados al este de la ciudad. Porque mientras los pobres temen por sus vidas y al mismo tiempo por un ingreso diario, la supervivencia de la élite debe ser asegurada. Esto con los hospitales y el personal militar - desde el brote de Corona, esto también está de vuelta en las calles.
La constitución de 1980 no sólo tenía como objetivo institucionalizar el sistema neoliberal, sino también transformar a los ciudadanos en consumidores. Esta situación se presenta aún hoy en día: para la mayoría de la población, cubrir sus gastos de vida es un desafío constante. El 70% de los hogares chilenos estaban endeudados en 2018. Ahora, en los tiempos de COVID-19, la desigualdad crónica toma formas fatales: es una cuestión de vida.
Conclusión
Con la deshumanización provocada por el proyecto dictatorial, la cuestión de si la población ofrecería alguna vez resistencia en el futuro quedó en el aire. ¿O es que la prolongada incorporación del sistema neoliberal y el reconocimiento de sus deficiencias han convertido a la población en una entidad aún más frenética y persistente? A la luz de los acontecimientos actuales, la pregunta debe ser respondida en forma afirmativa. Es cierto que la sociedad civil chilena fue suprimida por el Estado y el mercado. Pero Gabriel Salazar afirmó con razón que la derrota fue "una experiencia social e histórica", pero que fue similar a la del pasado.
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