Araceli Espinoza Lochbaum
Basel, Suiza
Abogada U. Católica de Temuco
Los resultados del Plebiscito del pasado 25 de octubre me han dejado, como a muchas chilenas y chilenos, el agradable sabor de un triunfo esperanzador y la conciencia clara de estar asistiendo al inicio de un proceso largamente anhelado.
Las estadísticas nos muestran una mayoría histórica y aplastante a la aprobación de reformar una Constitución anacrónica, obsoleta y que propicia la inequidad social. Hemos presenciado un verdadero Tsunami de energía popular liberada en las urnas.
El pueblo de Chile envió un mensaje contundente a la clase política y dejó en claro que quiere que la nueva Carta Fundamental sea redactada por una Convención Constituyente, compuesta en su totalidad por ciudadanas/os independientes, donde estén representados/as todos los sectores de la sociedad. No más “cuoteos” partidistas, no más parlamentario/as sin representatividad real, que han olvidado hace mucho para qué fueron electos.
Sin embargo, esta alegría se ve opacada por el hecho que, a las chilenas y los chilenos residentes en el exterior, aún no se nos reconoce de forma plena el derecho a la participación política, que sólo se puede garantizar con el voto en la totalidad de las elecciones. Chile aún está incumpliendo las normas internacionales que ha ratificado y que, por tanto, son Ley de la República y que garantizan la plena participación política de todas y todos sus ciudadanos/as, como lo son la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre las razones del establecimiento de este derecho a la participación política desde el exterior se encuentra el respeto a los lazos históricos, culturales y afectivos y también el derecho a decidir sobre las políticas públicas que afectan directamente a nuestros familiares directos y/o bienes en territorio nacional.
La reforma constitucional que se aprobara en el año 2014 nos permitió por fin poder ejercer el voto en el extranjero, pero nuestra participación se limitó a las elecciones primarias presidenciales, elección presidencial y a los plebiscitos nacionales. Además se establecieron condiciones que complejizan el ejercicio del derecho, por ejemplo, la obligatoria inscripción en los registros electorales, lo que requiere la obtención de la Clave Única en los Consulados que están asociados al lugar de residencia.
En el reciente Plebiscito pudimos comprobar las dificultades asociadas a estas obligaciones y la exclusión de aquellos que se encuentran viviendo lejos de los Consulados y que, por razones económicas, laborales o familiares, no pudieron viajar para obtener la clave única y así poder cambiar su domicilio electoral, quedando inhabilitados para votar. A esto se le agregó un contexto de pandemia global, que dejó a muchos/as sin derecho al libre desplazamiento.
Existen 1.3 millones de chilenas y chilenos viviendo actualmente en el exterior. De ellos 80.000 están inscritos para votar, Es decir, que menos del 5% de la población chilena puede ejercer su derecho a voto en el exterior.
Esto hace necesario que nuestros parlamentarios eliminen en forma urgente las barreras que han impedido que cientos de miles de nacionales puedan materializar sus derechos políticos. Es necesario acelerar la tramitación de diversos proyectos. Un buen comienzo sería hacerlo con la moción parlamentaria impulsada por las Senadoras Allende, Muñoz y Provoste, así como los Senadores De Urresti y Elizalde, la cual crearía un distrito exterior con dos escaños en vista a la elección de convencionales constituyentes del 11 de abril de 2021.
No obstante, este número parece demasiado bajo, considerando la cantidad de chilenos en el exterior y teniendo presente la proporción de escaños que se ha asignado a las mujeres y pueblos originarios según población. Lo justo, en este sentido, sería contar con un número cercano a los 10 representantes.
Muchos países han instaurado exitosamente el voto por correspondencia para aquellos ciudadanos que así lo requieran, por encontrarse en zonas aisladas dentro del mismo país o en el extranjero. La adopción de esta medida por parte de Chile sería especialmente útil ahora, considerando un probable escenario de rebrote pandémico que implicaría la adopción de nuevos Estados de Emergencia en todo el mundo. También me parece muy necesario realizar prontas gestiones con los gobiernos extranjeros, para facilitar permisos especiales a nuestros connacionales que se encuentran en territorios con restricciones a la movilidad.
La nueva Constitución será la carta de navegación del nuevo Chile para los próximos 40 o 50 años. Es el futuro que le estaremos dibujando a las nuevas generaciones y es de toda justicia que todas y todos participemos en igualdad de condiciones.
Sólo de esta forma estaremos realmente más cerca del Chile inclusivo y diverso que soñamos, de ese que nos hace ilusión encontrar algún día cuando volvamos a vivir en él o, para los/las que no podrán volver, aquel en el que sueñan que puedan vivir sus familiares y amigos/as que allí han quedado.
Las chilenas y los chilenos del extranjero tenemos una oportunidad única en la historia, que es nuestra responsabilidad no desaprovechar. Tenemos que seguir luchando por conseguir el voto pleno.
Chile también somos nosotras/os, las y los que por diversas razones estamos lejos del territorio y que merecemos ir a votar con la misma esperanza y convicción que nuestras hermanas y nuestros hermanos que luchan en su suelo. Por que Chile también somos nosotros, por nuestro legítimo derecho a participar en todo el proceso de creación de un nuevo Pacto Social.
Adhiere a la Campaña para el derecho a Voto de lxs chilenxs en el extrajero para la elección de constituyentes:
